“La pandemia nos ha mostrado a familias sin un dólar diario para alimentar a sus hijos”

La activista indígena de Perú Tarcila Rivera Cea participa en un acto público de la ONG Perifèries en València

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Por Enric Llopis | 01/11/2021 | América Latina y CaribeFuentes: Rebelión [Imagen: Perifèries]

El actual presidente de Perú, Pedro Castillo, se define en las redes sociales como profesor, rondero y dirigente sindical. Venció en las elecciones presidenciales de junio (segunda vuelta) con el 50,13% de los votos.

Durante la campaña electoral y después de los comicios, la candidata derechista Keiko Fujimori se ha presentado como “muro de contención” frente al comunismo y los “cambios estructurales en los cimientos de nuestro desarrollo” (en referencia a las propuestas políticas de Castillo Terrones).

¿Cuál es el trasfondo del discurso fujimorista? “Estamos experimentando lo que la derecha extrema llama un gobierno ‘comunista’; porque tenemos tanta confusión e ignorancia sobre qué son el comunismo, el socialismo y sobre todo la lucha de los movimientos sociales… Abrigamos en Perú la esperanza de que pueda ejercerse un gobierno con justicia social”, razona la activista indígena Tarcila Rivera Cea, en una entrevista realizada por la organización de solidaridad internacionalista Perifèries.

Tarcila Rivera participó el 26 de octubre en el conversatorio Sin pueblos indígenas no hay sostenibilidad. Alternativas a la Agenda 2030 desde las visiones y derechos de los pueblos indígenas, organizado por Perifèries en el Jardí Botànic de la Universitat de València. La defensora fue invitada por la ONG dentro del proyecto Incorporando las visiones, necesidades y prioridades de los pueblos indígenas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

A finales de septiembre, pocas fechas antes del aniversario de la Conquista de América por el Imperio Español, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del PP, ha afirmado en Nueva York que el indigenismo “colectiviza el sentimiento de agravio” y lo calificó como “nuevo comunismo”. Asimismo se preguntó por qué actualmente está “revisándose el legado histórico de España en América” (30 septiembre, Agencia Efe).

Respecto a las reivindicaciones del movimiento indígena, “lo que se busca -al cumplirse 200 años de vida democrática y republicana en diferentes estados de América Latina- es que se implementen los derechos no reconocidos ya que hemos sido sectores invisibilizados”, sostiene Tarcila Rivera Cea.

Y en cuanto al proceso de Conquista, “hemos de ser críticos, no se puede celebrar; Occidente llegó de una manera totalmente violenta y agresiva, fue una avasallamiento terrible; desde la civilización del Sur –por ejemplo Pre-Inca o Inca- vemos que si se hubiera dado un encuentro -un descubrimiento-, podría haber tenido otro resultado: lo que hoy denominamos relaciones interculturales”, agrega la defensora.

En el acto del Jardí Botànic se presentó el informe de Perifèries Desarrollo sostenible sin los pueblos indígenas. Balance crítico de la Agenda 2030 y orientaciones para los agentes de la cooperación desde las visiones y derechos de los pueblos indígenas, actualmente en fase de elaboración.

El informe incluye los siguientes datos de Naciones Unidas: los pueblos indígenas constituyen un 6% de la población mundial, pero representan el 15% de los pobres a escala global (el sector más numeroso entre el colectivo de personas pobres, analfabetas y desempleadas), y un tercio de los 900 millones de indigentes rurales.

La FAO apunta que más del 86% de las personas indígenas de todo el mundo –en comparación con el 66% de los “no indígenas”- trabajan en la economía informal, y tienen unas probabilidades muy superiores de vivir en la extrema pobreza.

Según la defensora ayacuchana, “en la pandemia se ha demostrado que había familias sin nada, si no salían a la calle para vender papas sancochadas y huevos cocidos en una esquina… No tenían siquiera un dólar al día para dar de comer a sus hijos; esta realidad, que hemos visto tan crudamente, demuestra que hay una población totalmente excluida, invisibilizada y que no se la tiene en cuenta cuando se van a distribuir recursos e invertir. Y a esto se agrega el racismo”.

El documento Última línea de defensa (septiembre 2021), de la ONG Global Witness, informa de que 227 personas defensoras de los derechos humanos, la tierra y el medio ambiente fueron asesinadas en el mundo durante 2020; el mayor número de homicidios se produjo en Colombia (65), seguido de México (30); Filipinas (29) y Brasil (20); asimismo, de los crímenes documentados, la mayor parte tuvieron relación con la explotación forestal (23), agua y represas (20), minería e industrias extractivas (17), sustitución de cultivos ilegales (17) y agroindustria (17).

Global Witness remarca que las poblaciones indígenas fueron el objetivo de 5 de los 7 asesinatos en masa registrados en 2020. “Se mantuvo una vez más el número desproporcionado de ataques contra pueblos indígenas”, concluye el informe.

“Es totalmente contradictorio que se nos diga a los indígenas que somos pobres”, afirma Tarcila Rivera. “Porque el modelo de desarrollo económico basado en las industrias extractivas ambiciona como riquezas los recursos que están en nuestros territorios; se trata de un modelo que daña la naturaleza y la sostenibilidad de la vida”. “Si empobrecemos la tierra, contaminamos el agua y talamos los árboles, ¿qué les toca a las nuevas generaciones? Está en la responsabilidad de todos los humanos no aniquilarnos”, explica.

La activista es fundadora y directora de CHIRAPAQ (centro de culturas indígenas de Perú), integrada por personas andinas y amazónicas. La actividad de la asociación comenzó hace 35 años en un contexto de violencia política en Perú. Entre octubre y noviembre CHIRAPAQ organiza, junto a cuatro universidades y organizaciones indígenas, el foro/seminario virtual La interculturalidad en la educación superior: balances y desafíos, que consta de cinco sesiones. También ha coproducido la docuficción Noñantari, rodada por jóvenes ashaninkas, que ha obtenido la mención especial en el Festival del Cortometraje Peruano de la Universidad de Ciencias y Artes de América Latina (UCAL) de Lima.

A finales de septiembre, la organización reclamó al Ministerio de Salud de Perú la continuidad del servicio integral de salud sexual y reproductiva (el Reporte nacional de CHIRAPAQ Violencia sexual contra niñas y jóvenes indígenas, de 2020, recoge 570 casos de maternidad forzada infantil indígena –de niñas entre 12 y 14 años- en 2017, la mayoría del pueblo quechua; el informe subraya que el embarazo adolescente rural creció anualmente un 21% durante el periodo 2012-2020, mientras que el urbano lo hizo en un 4%).

Por otra parte, el pasado 26 de mayo la asociación emitió un comunicado por el asesinato –tres días antes- de 16 personas en San Miguel del Ene (provincia de Satipo, Junín); los pueblos indígenas ashaninka, Kakinte, matsigenka, nomatsigenga y quechua que habitan el valle de los ríos Apurimac, Ene y Mantaro “deben ser escuchados ante la presencia de grupos terroristas y del narcotráfico”, subrayaba el centro de culturas.  

Tarcila Rivera formó parte –entre 2017 y 2019- del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas; es fundadora, y actualmente coordinadora, del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas (ECMIA); y fundadora del Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI-IIWF).

En el mundo viven cerca de 476 millones de personas indígenas asentadas en 90 países, según la ONU. El 13 de septiembre de 2007 la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que en el Artículo 26.1 establece el “derecho a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseído, ocupado, utilizado o adquirido”; y en el 26.3 que los Estados “asegurarán el reconocimiento y protección jurídicos de esas tierras, territorios y recursos (…)”

La Declaración de derechos fue aprobada con 144 votos a favor, 11 abstenciones y cuatro en contra (de Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos, que unos años después se adhirieron). Representó otro avance la Convención 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de 1989, que en el Artículo 6 señala que los gobiernos deberán consultar a los pueblos, “mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.

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