Ochoa Peréz justifica masacre de El Mozote porque “era escuela de niños” del FMLN

Carlos Francisco Hernández | Viernes, 13 de noviembre del 2020

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Foto: InternetEl coronel asegura que es imposible que “hayan muerto” cerca de 1 mil personas en El Mozote, porque es un “caserillito”

El coronel en retiro y exembajador de El Salvador, Sigifredo Ochoa Pérez, justificó la masacre cometida en diciembre de 1981 por el batallón Atlacatl, contra casi mil pobladores del caserío El Mozote y sitios aledaños en Meanguera, Morazán.

Ochoa Pérez dio a entender, que el batallón tenía razones para poder atacar el caserío, porque a su juicio el FMLN había adoctrinado a la población.

“El Mozote era una escuela de niños. Los mismos del FMLN habían dicho que los utilizaban porque eran pequeños y se podían meter en diferentes lugares”, sostuvo.

Agregó, que los guerrilleros ahí fueron a “arrojar” a sus compañeros que murieron en combate, pero a la vez afirmó que es imposible que hayan muerto mil  personas “porque era un caserillito”.

Al caso que hace referencia, es al que  se dio lugar en el marco de la guerra interna de El Salvador, que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) entre 1980 y 1992 y dejó un saldo total de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.

De acuerdo con un informe de las Naciones Unidas, el batallón de élite Atlacatl ejecutó en diciembre de 1981 su estrategia “tierra arrazada”, logrando que el número de personas asesinadas ascendiera a al menos a 988.

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Por otra parte, dijo que fue un error haber del batallón Atlacatl haber asesinado a los sacerdotes jesuitas y a sus colaboradoras en noviembre de 1989.

“Yo le caí mal a Fredy Cristiani, porque vino NBC y dije que era de los peores errores cometido, especialmente por el batallón Atlacatl, que es una unidad especializada en el combate. No le veo la razón porque matar a los jesuitas una causa alegaban los comandantes de la época ¿Qué ganó la Fuerza Armada?”, expresó.

Según el informe de la Comisión de la Verdad y el resumen de las acusaciones admitidas por un tribunal español contra los miembros del ejército salvadoreño que fueron condenados por el delito, ​ el ejército salvadoreño consideró el Centro Pastoral de la UCA como un “refugio de subversivos”. 

El coronel Juan Orlando Zepeda, viceministro de Defensa, había acusado públicamente a UCA de ser el centro de operaciones de los terroristas del FMLN. El coronel Inocente Montano, viceministro de Seguridad Pública, dijo que los jesuitas estaban “plenamente identificados con movimientos subversivos”. 

En las negociaciones para una solución pacífica al conflicto, Ignacio Ellacuría (rector de la universidad) había jugado un papel fundamental. Muchas de las fuerzas armadas identificaron a los sacerdotes jesuitas con los rebeldes, debido a su especial preocupación por los salvadoreños que eran los más pobres y, por lo tanto, los más afectados por la guerra.

En la tarde del 15 de noviembre de 1989, el coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno se reunió con oficiales bajo su mando en el Colegio Militar. Les informó que el Estado Mayor consideraba que la reciente ofensiva rebelde era “crítica”, que debía enfrentarse con toda su fuerza, y que todos los “elementos subversivos conocidos” debían ser eliminados. Se le ordenó eliminar a Ellacuría, sin dejar testigos. Los oficiales (miembros del batallón Atlacatl) decidieron disfrazar la operación como un ataque rebelde, usando un rifle AK-47 que había sido capturado por el FMLN.

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Los soldados primero intentaron entrar por la fuerza a la residencia de los jesuitas, hasta que los sacerdotes les abrieron las puertas. Después de ordenar a los sacerdotes que se acostaran boca abajo en el jardín trasero, los soldados registraron la residencia. Después de que el teniente Guerra diera la orden de matar a los sacerdotes, Ellacuría, Ignacio Martín-Baró y Segundo Montes fueron asesinados a tiros por el soldado Grimaldi, mientras que los padres Amando López y Juan Ramón Moreno fueron asesinados por el sargento adjunto Antonio Ramiro Avalos Vargas. Más tarde, los soldados descubrieron al padre Joaquín López y López en la residencia y también lo mataron. El sargento adjunto Tomás Zarpate Castillo le disparó a Julia Elba Ramos y a su hija de 16 años, Celina Mariceth Ramos. El soldado José Alberto Sierra Ascencio le disparó a ambas mujeres nuevamente.

Ochoa Pérez en la masacre de El Calabozo y Santa Marta 

Pese a tener un mensaje menos beligerante en la postguerra, el coronel no se libra de sus pecados cometidos en sus años de actividad del conflicto armado.

Esto luego que años atrás, un cable desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de los Estados Unidos lo identificara como el comandante que lideró un operativo militar realizado en agosto de 1982, en la zona norte de San Vicente, y que culminó con una masacre de alrededor de 200 campesinos, hombres, mujeres y niños.

Esta matanza a sangre fría es conocida como la masacre de El Calabozo, por el lugar en el que fueron asesinadas las víctimas (riberas del río Amatitán). 

Las víctimas habían llegado a esa zona huyendo de un amplio operativo militar en el que participaron miles de soldados y varias unidades militares, entre estas el Batallón de Infantería y Reacción Inmediata Atlacatl, dirigido por el desaparecido teniente Coronel Domingo Monterrosa.

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El batallón rodeó a los desplazados y abrió fuego a corta distancia. Los soldados arrojaron algunos de los cuerpos al río y, según se informó, arrojaron ácido sobre otros, lo que hizo imposible confirmar el número exacto de muertos, pero más de doscientos fueron declarados desaparecidos después del incidente por los familiares sobrevivientes.

Mientras, la masacre de Santa Marta es un operativo militar ocurrido en noviembre de 1981, en el departamento de Cabañas. Testimonios de sobrevivientes narran que fueron perseguidos –y muchos de sus familiares y amigos fueron asesinados- por las tropas del Destacamento Militar No. 2 de Cabañas. Ochoa Pérez comandó esas tropas entre septiembre de 1981 y enero de 1983.

“En la guerra se disparan balas y no flores”, reprochó el coronel.

Ochoa Pérez quiere regresar a la política bajo la bandera de Nuevas Ideas  

Tras su pasado político y militar, Ochoa Pérez, aseguró que tiene deseos de regresar a la política luego de tener cierto tiempo de inactividad gubernamental, pero ahora bajo la bandera de Nuevas Ideas.

Con esto, Ochoa Pérez aseguró que no se encuentra de acuerdo con la forma de trabajo de la actual dirigencia del partido ARENA.

“ARENA perdió el rumbo. Los diputados electos trabajan para el gran capital se olvidándose del agro, jóvenes y mujeres”, indicó.

A esto agregó, que muchos de los parlamentarios que se encuentran actualmente deberían de “ahuecar”, debido a que ya tienen varios años reeligiéndose.

“Me gustaría volver y ayudar a este nuevo proyecto de Nuevas Ideas, porque se necesita que haya un cambio, porque los mismos de siempre han gobernado por más de treinta años y el país está en las lonas”, señaló.

Por lo tanto, dijo que se encuentra de acuerdo con la mística de NI de integrar a los jóvenes a la política. 

A esto adicionó, que es necesario trabajar en el campo y no solo en redes sociales, ya que ese esfuerzo permitió que GANA lograra obtener a Guillermo Gallegos y Osiris Luna como diputados. Además, lograron obtener la alcaldía de Aguilares.

Por otra parte, dijo que la comisión para desaforar al director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, por no llevar al ministro de Hacienda y de Salud por apremio es una chabacanada.

A Arriaza Chicas lo catalogó de buen director, ya que ha visto que la Corporación tiene una buena organización en las emergencias por lluvias y por la pandemia.

Respecto al caso que se lleva en su contra por el delito de apropiación de bienes del Estado, dijo que es una venganza que han hecho en su contra por negarse a ser embajador salvadoreño en las administraciones del FMLN.

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A inicio de este año, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó la acusación penal en contra de Ochoa Pérez por apropiarse un monto de US$41 mil 040, mientras estaba en una sede diplomática entre 2005 y 2009, durante la administración del expresidente, Elías Antonio Saca.

El Ministerio Público indicó que en 2005 se suscribieron dos contratos de arrendamiento para establecer la sede diplomática de El Salvador en Honduras; por uno se pagaban $2,200 que era el precio original y otro $3,000.

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El fiscal del caso explicó que en el segundo contrato había un excedente de $800, que era apropiado por Ochoa Pérez y luego que este se retiró ese dinero se lo quedaba el ministro consejero, Walter Anaya Escalante.

De acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía, el coronel Ochoa se habría apropiado de $41,040, mientras que Anaya de $59,000; esta última cantidad la siguió obteniendo hasta mayo de 2015. El monto total que señala la Fiscalía es de $107,920, que provenían de los fondos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

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