Investigación periodística provoca la separación de Jorge Aguilar de la presidencia del FONAES

El ministerio de Salud adjudió a una empresa del presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes), Jorge “Koky” Aguilar, un contrato de 250,000 dólares para proveer máscaras de protección facial con motivo de la covid-19. Una investigación de Salud con Lupa reveló la adjudicación a Insema, la empresa de Aguilar, que además vendió las mascarillas al Gobierno con un sobreprecio del 121%. Este contrato viola la Ley de Ética Gubernamental. El sábado 20 de junio, el presidente Nayib Bukele anunció la separación de Ahuilar de su cargo, y aseguró que pedirá a la Corte de Cuentas y la CICIES investigar el caso. Jimmy Alvarado

Sábado, 20 de Junio de 2020

Jorge Aguilar es el presidente de Fonaes. Su empresa Insema facturó $250,000 a través de un contrato con el Ministerio de Salud. Foto, Indes.
Jorge Aguilar es el presidente de Fonaes. Su empresa Insema facturó $250,000 a través de un contrato con el Ministerio de Salud. Foto, Indes.

El presidente Nayib Bukele anunció este sábado 20 de junio la “separación del cargo” de presidente del Fondo Ambiental de El Salvador (Fonaes) de Jorge “Koky” Aguilar, y dijo que solicitará una investigación del contrato que su empresa, Insema, suscribió con el Ministerio de Salud para proveer insumos médicos durante la emergencia por la pandemia de covid-19. El anuncio sucede una semana después de que una investigación periodística de la plataforma Salud con Luparevelara que a la empresa de Aguilar se le había adjudicado un contrato de $250,000 para proveer máscaras de protección facial al Ejecutivo. 

“En vista de la información que ha salido en diversos medios, de una compra que el Gobierno habría hecho, a una empresa de un funcionario, siendo esto una posible violacion a la Ley de Ética, he ordenado la separación del cargo de @kokyaguilar27, como presidente del @FONAES”, tuiteó Bukele desde su cuenta oficial. “Y solicitaré dos auditorías especiales, cada una independiente de la otra”, añadió citando a la Corte de Cuentas y la Cicíes. “Si las auditorías encuentran algún indicio de corrupción, yo mismo enviaré la denuncia a la @FGR_SV, para que sean procesados los responsables”, escribió el mandatario.

El ministro de Salud, Francisco Alabí, remitió un informe a la Asamblea Legislativa el 30 abril en el que incluyó a un listado de proveedores que fueron contratados durante la emergencia provocada por la pandemia. En el listado aparece la empresa salvadoreña Insema con un contrato por $250,000 para proveer máscaras. Una investigación de Salud con lupa, una plataforma digital de periodismo colaborativo, reveló que Insema pertenece a Aguilar.

Aunque hasta la fecha el Gobierno no ha publicado el contrato ni las facturas de esa compra, ni documentos donde conste el precio que pagó por cada una de las máscaras de protección que fueron entregadas a los hospitales, Salud con Lupa reveló también el sábado 20 que la empresa de Aguilar cobró un precio por encima del de mercado. Es su reportaje, Salud con Lupa incluye una copia de la orden de compra, que detalla que Insema entregó al Gobierno 100,000 mascarillas con un precio unitario de $2.5, mientras que en su venta al público ofrece las mismas mascarillas a un precio de $1.13 por unidad. Según los documentos incluidos en el reportaje, otra empresa proveedora del Ejecutivo, SYGM Asesores, que recibió del Ministerio de Salud un contrato por 750 mil dólares, entregó las mascarillas al mismo precio que Insema. En total, el gobierno pagó un sobreprecio del 121% por esas mascarillas. En total, según estimaciones de Salud con Lupa, el Gobierno de El Salvador pagó, solo en estos dos contratos, un sobreprecio de 548 mil dólares por las mascarillas.

Las máscaras tenían el logo de Invemask, una planta ubicada en San Pedro Sula, Honduras, donde se elabora resina PET de grado alimenticio y a la que Insema envía materia prima que recoge en El Salvador. Ni Aguilar ni el Gobierno han respondido al medio de dónde provino la materia prima utilizada para elaborar esas máscaras.

En la primera semana de febrero, luego de una crisis en el servicio de agua potable suministrada por la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados en el Área Metropolitana de San Salvador, el Gobierno de El Salvador repartió agua embotellada a las comunidades más afectadas por el desabastecimiento y la mala calidad del agua servida en los hogares. Luego emprendió una campaña de recoleccción de botellas plásticas y pagó 0.05 centavos de dólar por cada botella recolectada, para un total de 200 mil dólares, según la investigación. 

Aguilar, dueño de una empresa de reciclaje, fue uno de los protagonistas detrás de esa campaña. Según Salud con lupa, Aguilar no solo es proveedor de protectores faciales del Estado, sino que además hizo donaciones de estos equipos, entre finales de abril e inicios de mayo, a los ministerios de Trabajo, Defensa, Economía y algunas alcaldías.

En una ceremonia del 30 de abril, donde apareció entregándoles a deportistas, Aguilar recordó las botellas recolectadas en la campaña de reciclaje pagada con fondos públicos.  “Como ustedes sabrán, existió la campaña #RetoRecicla y se pudo recolectar aquellas botellas postconsumo… surgió la idea de poderlas convertir en un artículo de primera necesidad”, detalla la investigación.

Un hombre de confianza 

Aguilar es empresario de reciclaje y atleta de motocross. Bukele le puso al frente del Fonaes el 11 de junio de 2019, apenas diez días después de asumir la presidencia de la República. Aguilar es parte de un círculo de confianza alrededor del presidente en el que también coinciden financistas del partido Gana.

Este sábado 13 de junio de 2020, Aguilar había anunciado su inscripción como precandidato en las internas del partido Nuevas Ideas para buscar la candidatura a la Alcaldía de Santa Tecla en febrero de 2021. Alrededor de una hora después del anuncio hecho por el presidente, Nuevas ideas, partido fundado y dirigido por familiares, socios y amigos de Bukele, emitió un comunicado en el que anunció la decisión de retirar a Aguilar de su proceso de elecciones internas de cara a las municipales y legislativas.

El 19 de junio, El Faro consultó al secretario de Prensa, Ernesto Sanabria, cuáles fueron los criterios para seleccionar a la empresa de Jorge Aguilar. También se le consultó si la Comisión Internacional contra la Impunidad de El Salvador (Cicíes) si ha incluido esta contratación en su agenda de trabajo, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta. El comisionado de la Cicíes, Ronald Ochaeta, no respondió a las preguntas que El Faro le envió por Whatsapp ni a las llamadas. Este medio también buscó una reacción de Aguilar, pero al cierre de este nota tampoco hubo respuesta. 

Aunque la Ley de Adquisiciones y Contrataciones prohíbe a funcionarios públicos ofertar para ser contratistas de bienes y servicios del Estado, una reforma impulsada por el Gobierno y aprobada por la Asamblea en medio de la emergencia por la pandemia abrió las puertas, a juicio de expertos, para que esta contratación ocurriera. El 23 de marzo, la Asamblea Legislativa aprobó el decreto 606 que le dio luz verde al gobierno para obviar la Lacap y habilitó a Hacienda a reescribir las reglas para elegir proveedores durante el periodo de la emergencia.

Hacienda emitió los “Lineamientos Específicos para compras de Emergencia, por la pandemia COVID-19”. Ese lineamiento, creado para agilizar la compra de insumos médicos, medicamentos y equipo hospitalario y que sustituyó a la Lacap durante la emergencia, sólo exigía un sondeo para identificar proveedores y no exige competencia para elegir al mejor proveedor.

El contrato de Insema, sin embargo, contraría el artículo 5 de la Ley de Ética Gubernamental que exige que los funcionarios públicos eviten cualquier conflicto de interés. “Excusarse de intervenir o participar en asuntos en los cuales él, su cónyuge, conviviente, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o socio, tengan algún conflicto de interés”, dice el literal C de la Ley de Ética Gubernamental.

El coordinador del Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (Alac), Wilson Sandoval dijo que los decretos y normativas aprobadas durante la emergencia pueden contribuir a que este tipo de contrataciones ocurra. “Así de simple, un funcionario le vendió al Estado. Aunque esta normativa de emergencia parece una forma lógica de dar agilidad a las compras, pero con la malicia de desbaratar cualquier mecanismos de transparencia y contraloría social”.

Ese procedimiento, que sustituye a la Lacap, estuvo vigente hasta el 16 de mayo. La Asamblea Legislativa decidió no renovar la declaratoria de Emergencia, que permitía  que esos procesos de compra expeditos estuvieran vigentes. El 17 de mayo, el Gobierno Bukele intentó saltarse a la Asamblea Legislativa con un decreto Ejecutivo que mantuviera vigente la Declaratoria de Emergencia para seguir haciendo compras sin seguir la Lacap.

El Gobierno ha ocupado el Fondo de Protección Civil Prevención y Mitigación de Desastres (FOPROMID) para hacer gastos durante la emergencia provocada por la pandemia. En dos meses, contados hasta el 30 de abril, esa cuenta acumulaba 538.7 millones de dólares: 179 millones fueron usados para adquirir bienes y servicios. Pero el Gobierno incumplió el compromiso de entregar información completa sobre todos los gastos de emergencia y hasta el 30 de abril había brindado información vaga e incompleta sobre el uso de 36 millones de dólares en adjudicaciones a un centenar de proveedores, hechas por los ministerios de Salud, Obras Públicas, Turismo y Gobernación.

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