Estados Unidos / OEA México, Estado vasallo de Washington versus Venezuela

23-05-2017
Tras la llegada al poder de los unipolaristas y militaristas de la Casa Blanca, México va camino a convertirse en el principal Estado satélite regional de Washington. Según el Diccionario de política de Norberto Bobbio y Nicola Matteucci, el término califica la condición “paracolonial” de sujeción y dependencia de un Estado respecto a otro. Satélite es el Estado cuya actividad política, económica y militar, interna e internacional, es dependiente del Estado dominante. La condición de satélite conlleva de hecho (si no de derecho) la pérdida de la independencia y la soberanía nacionales. El Estado satélite no está en condiciones de ejercitar una política exterior autónoma, aunque conserve de manera formal, nominal o relativa todos los simulacros de la independencia y la soberanía.El modelo de dominación estadunidense sobre México se basa en la doctrina de la “soberanía limitada”, y se realiza bajo la forma indirecta de control ideológico, político, económico y militar. Pero a su cualidad de satélite México suma en la coyuntura su condición de vasallo, término que designa comúnmente al Estado que está subordinado política e ideológicamente a una potencia, especialmente en el contexto de un sistema internacional premoderno. Verbigracia, el actual papel de la “diplomacia” mexicana en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), añejo instrumento de control semicolonial de EU de la época de la guerra fría, donde el vasallaje −antaño como ahora− implica obligaciones de apoyo político y asistencia militar subordinada al poder hegemónico.

La asimétrica lógica imperial inter-hemisférica se aplica bajo la fórmula hegemonía + violencia, lo que implica desde las contrapartes más débiles de la relación vasallaje + obediencia. En ese sentido, por mandato de Washington a últimas fechas México se ha convertido en un agente ralentizador del proceso integracionista subregional desde su interior; en una quinta columna que de manera colaboracionista con el poder imperial ha venido trabajando para provocar la implosión de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), organismo intergubernamental (sin EU y Canadá) heredero del Grupo de Río.

En la fase actual EU tiene en la mira a Venezuela. La estrategia de guerra no convencional −con eje en la inteligencia tecnológica, las operaciones sicológicas, la manipulación propagandística, la distorsión informativa y la fabricación de percepciones vía la intoxicación de noticias falsas− se lleva a cabo desde el Comando Sur del Pentágono, a cargo del almirante Kurt Tidd, en estrecho contacto con el consejero de seguridad nacional de la Casa Blanca, general H.R. McMaster.

Como antes en Libia,o Siria, en el marco de la “Operación Venezuela Freedom 2” es previsible que la estrategia imperialista dirigida a generar una guerra civil en Venezuela, cuenta de tiempo atrás con fuerzas especiales que actúan de manera clandestina en territorio venezolano y que en caso de una intervención militar directa del Pentágono serán apoyadas (la denominada “fase tenaza”) por infantes de marina de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo (US military’s Joint Task Force Bravo), ubicada en la base aérea de Soto Cano (Palmerola), Honduras, y tropas aerotransportadas de despliegue rápido de la base FOL (Lugar de Operaciones de Avanzada) de Leticia, en Colombia.

A su vez, la sala de comando político del golpe de Estado contra Venezuela está instalada en la OEA, y como Estado vasallo de Washington, México ha sido llamado a jugar un papel singular. Por instrucciones del aprendiz de canciller Luis Videgaray y su jefe Enrique Peña Nieto, el representante mexicano ante el organismo, el protagónico Luis de Alba, desempeñó un rol clave el pasado 3 de abril, cuando en una sesión ilegal se dio un golpe institucional en el organismo.

Tras despojar de la presidencia y vicepresidencia pro tempore de la OEA a Bolivia y Haití, De Alba instó en dos oportunidades a votar un documento injerencista contra Venezuela sin votación (por consenso), y cuando vio que no contaba con los votos necesarios pidió un receso para hacer el control de daños. Reanudada la sesión, en otro acto fraudulento impulsó un “consenso por mayoría” (sic), lo que a la postre, tras el falso supuesto de que se había aprobado la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, dio vía libre a la escalada de manifestaciones opositoras armadas de corte terrorista, que en 50 días ha dejado como saldo una treintena de muertes.

La larga mano de Washington en la escalada terrorista

En su fase actual de escalamiento del conflicto, que incluye el asedio y hostigamiento de embajadas y funcionarios diplomáticos venezolanos en el mundo (por ejemplo en España y México) por turbas de clase-medieros en el exterior, el plan de intervención encubierta de Estados Unidos en Venezuela se está aplicando con base en una estrategia donde se articulan diversas formas de lucha, entre ellas, movilizaciones pacíficas combinadas con barricadas y una violencia callejera de corte paramilitar catalizada con equipos provistos con armas cortas, explosivos caseros, escudos, chalecos protectores, guarniciones de brazos y piernas propios de una unidad antimotín, que ponen en práctica acciones directas similares a los de una guerrilla urbana; operaciones encubiertas con fuerzas especiales en el terreno; sabotajes y saqueos, a lo que se suma una guerra mediática que utiliza un lenguaje orwelliano (doble-habla), bi-conceptual o doble estándar, salpicado con el manejo de propaganda blanca, gris y negra.

Con una amplia y programada cobertura mediática de exportación internacional con un sesgo político-ideológico predeterminado y que sigue el guión maniqueo: “Maduro dictador” vs. “Oposición democrática”, las marchas “pacíficas” y actos vandálicos −impulsados y financiados por los políticos y empresarios golpistas de 2002 y la red de agencias de Washington−, están concentradas en menos del 1% del territorio nacional venezolano; en 19 municipios controlados por la derecha, siendo el foco principal del terrorismo neonazi el municipio de Chacao, de aproximadamente 12 kilómetros cuadrados. En el resto del país la vida sigue con normalidad.

Cada día las imágenes exhiben que los protagonistas de la violencia callejera (donde hay paramilitares y francotiradores infiltrados y bandas de malandros pagados como mercenarios) están pertrechados con escudos y costosos equipos de ataque: máscaras antigases, atuendos especiales y armas contundentes diversas, algunas de fabricación artesanal o casera, pero las corporaciones mediáticas los presentan como los modernos “luchadores por la libertad”, recuperando la denominación aplicada por Ronald Reagan a la “contra” nicaragüense en su guerra clandestina contra el gobierno sandinista en los años ochentas.

Inscritas en la “agenda común” de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), los empresarios de Fedecámaras y los obispos conservadores católicos, las acciones clasistas y racistas para “calentar la calle”–incluido el ataque contra un hospital materno infantil con 54 niños en su interior y la quema del joven Orlando Figuera cerca de la plaza Altamira, en Chacao, por parecer “chavista”− y el empleo dosificado de la violencia armada bajo un enfoque de “cerco y asfixia” operado por el almirante Tidd desde el Comando Sur, siguen los patrones de los manuales de las Fuerzas de Operaciones Especiales de EU, como la Circular de Entrenamiento 18-01 sobre la guerra no convencional.

Otro objetivo: “Hacer gritar la economía”

La guerra irregular o asimétrica funde las doctrinas de la manipulación sicológica vía grandes corporativos mediáticos tipo CNN, O’Globo, Televisa o Newsweek con la guerra económica de monopolios y oligopolios transnacionales y venezolanos, que siguen el esquema aplicado en Chile por la administración Nixon, su secretario de Estado Henry Kissinger y la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con Richard Helms, para derrocar mediante un golpe militar al presidente constitucional Salvador Allende.

Entonces en Chile, como ahora en Venezuela, se trata de “hacer gritar la economía”. De allí que desde el fallido golpe de Estado de 2002, un grupo de corporaciones transnacionales y oligopolios locales vienen impulsando el desabastecimiento selectivo y programado de alimentos (Alimentos Polar de Lorenzo Mendoza; Cargill Venezuela, Heinz, Nestlé y Hermanos Herrera C.A., empresa distribuidora de Kellog’s, General Mills y Procter & Gamble), lo que mediáticamente es difundido bajo matrices simbólicas equivalentes a “largas colas” y “hambruna”; de productos farmacéuticos y medicinales (Abbott, Roche, Novartis, Bayer, Pfizer, Sanofi, Merck, Astrazeneca, Glaxo); de productos de higiene personal (Johnson & Johnson, Kimberly Clark, Colgate-Palmolive); maquinaria y repuestos, alterando, boicoteando o saboteando de manera facciosa los mecanismos de distribución, a lo que se suman la inflación inducida y el bloqueo comercial y financiero internacional encubierto de las corporaciones del ramo (Moody´s Investors, Standar & Poor’s, Fitch Ratings, Credit Suisse, Bank of America, J.P.Morgan, Morgan Stanley y Deutsche Bank).

México, segundo país más letal del mundo

En ese contexto, en su papel de Estado satélite y como medida de presión contra el gobierno constitucional y legítimo de Nicolás Maduro, México, país considerado por el Instituto de Estudios Estratégicos de Londres (IISS, por sus siglas en inglés) con más asesinatos en el mundo en 2016 a consecuencia de la guerra al narcotráfico, sólo detrás de Siria (que vive una guerra civil con intervención extranjera), ha venido impulsando entre los países de la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú) el retiro de embajadores y reducir sus misiones en Caracas a nivel de encargados de negocios, como paso previo a una eventual ruptura de relaciones diplomáticas en la OEA; lo que sin duda fue un tema abordado en la reciente entrevista entre los presidentes Donald Trump y Juan Manuel Santos en la Casa Blanca.

La calificación de México como el segundo conflicto más letal del orbe −es decir, con niveles de violencia de un país en guerra abierta− y con una intensidad consistente en los últimos diez años a la par de lo que ocurre en Siria, Afganistán y Yemen, lo hace impresentable para hablar de la aplicación de “cartas democráticas” contra terceros países. Máxime, cuando a diferencia de Venezuela, donde no hay un sólo medio de prensa censurado ni un solo periodista preso, muerto o desaparecido, México lleva el triste récord de 126 periodistas asesinados y 50 desaparecidos del año 2000 a la fecha.

En eso, también, resalta el doble rasero de la OEA y Washington por razones político-ideológicas. En ese contexto, y a instancias de la dupla McMaster/Tidd en aplicación de la “fase tenaza” de la Operación Venezuela Freedom 2, es previsible que en la reunión de cancilleres prevista para el 31 de mayo, la OEA eche a andar un bloqueo financiero y comercial contra Venezuela, como los aplicados en tiempos pasados contra Cuba y Nicaragua; para ello Washington viene presionando a los países angloparlantes del Caricom. La intervención militar multilateral está en el último lugar de las opciones.

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