Señalan la criminalización del aborto, los feminicidios y la “brecha” salarial en el trabajo. Organizaciones de mujeres denuncian la violencia institucional en El Salvador

13-05-2017
El Código Penal de El Salvador aprobado en 1998 penaliza el aborto en todos los supuestos. El país centroamericano cuenta hoy con una de las legislaciones más restrictivas del mundo, lo que incluye penas por aborto y delito conexo de homicidio -agravado o en tentativa- que pueden superar los 30 años de prisión. La tipificación delictiva afecta asimismo a los profesionales de la salud. Movimientos como la Alianza por la Salud y la Vida de las Mujeres, que agrupa a una treintena de asociaciones, han pedido la reforma del artículo 133 del Código penal para que se despenalice la interrupción del embarazo en las cuatro circunstancias más graves: cuando ponga en riesgo la salud o la vida de la madre; en el caso de las malformaciones incompatibles con la vida extrauterina; si el embarazo es producto de una violación sexual o trata; y en supuestos de violación sexual a niñas o adolescentes.Además, “la extrema derecha salvadoreña –la formación política ARENA- ha propuesto que las penas por aborto aumenten hasta los 50 años de prisión”, recuerda Sara García, defensora de derechos humanos y miembro de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Destaca la importancia de que se despenalicen las cuatro “causales” mencionadas, pues ello “aliviaría un tanto la situación de muchas mujeres”. “La prohibición legislativa ha dado lugar al encarcelamiento de mujeres que han sufrido abortos espontáneos y complicaciones relacionadas con el embarazo, a quienes se acusó de tener abortos y condenó injustamente por homicidio”, explica la activista antes de participar en un acto organizado por la Assemblea de Cooperació per la Pau (ACPP) del País Valencià, en el Colegio Mayor Rector Peset de la Universitat de València. El debate se halla actualmente en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales de la Asamblea Legislativa de El Salvador.

Amnistía Internacional se ha sumado a la campaña recordando que, según el Ministerio de Salud salvadoreño, se produjeron 19.290 abortos “clandestinos” entre 2005 y 2008. Y que en 2011, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11% de las mujeres y niñas sometidas a un aborto “ilegal” en El Salvador murieron tras esta práctica. La red en defensa de la salud Global Health Council subraya que en el periodo 1995-2000 se produjeron 246.275 abortos en El Salvador.

Uno de los casos señeros es el de Manuela (nombre ficticio). Pobre, ágrafa, residente en el medio rural y con dos hijos a su cargo, murió en la cárcel en 2010, donde cumplía una condena de 30 años por un delito de homicidio agravado impuesta por el Tribunal de San Francisco Gotera en 2008. Manuela había tenido un embarazo y, en el séptimo mes, sufrió una fuerte caída que le motivó un parto precipitado. Al trasladarse al hospital, la doctora encargada de atenderle acusó a Manuela ante la policía de un delito de aborto “voluntario”. Además, esta mujer de 33 años nunca recibió un tratamiento adecuado del cáncer linfático que padecía y que causó su muerte en la prisión. Las organizaciones Centro de Derechos Reproductivos, Colectiva de Mujeres para el Desarrollo Local y Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto consideran que personal de salud, funcionarios de las prisiones, de la policía, Fiscales y jueces violaron los derechos de la víctima. Por este motivo, presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que resolvió su admisión el pasado 18 de marzo.

El informe “Excluidas, perseguidas y encarceladas” publicado en 2013 por el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto apunta que, entre 2000 y 2011, fueron procesadas 129 mujeres en El Salvador por aborto (68) y homicidio agravado (60). Del total de procesadas, 49 resultaron finalmente condenadas (23 por aborto y otras 26 por homicidio en diferentes grados). Además, la mayoría de las mujeres incriminadas (88) eran jóvenes y adolescentes, con edades comprendidas entre 18 y 25 años. Según detalla el documento, predominan las mujeres que sufren situaciones de pobreza y “totalmente dependientes económicamente”. Otro grupo destacado (95) de las mujeres imputadas no tienen marido o compañero.

“Durante casi dos décadas –subraya Sara García- el Estado de El Salvador ha criminalizado el aborto en todas las circunstancias, incluso cuando es necesario para salvar la vida de la mujer”. El 19 de abril el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana hicieron balance de la iniciativa “Las 17”, que promovieron en diciembre de 2014 junto a otras organizaciones. Se pedía el indulto de Guadalupe y otras 16 mujeres con causas similares, acusadas de cometer abortos “ilegales” y condenadas por homicidio agravado. La nota informativa señala que Mirna fue liberada en diciembre de 2014; Guadalupe también accedió a la libertad y el perdón en febrero de 2015, tras una condena a siete años de prisión. En febrero de 2017 Sonia Tábora tuvo acceso a la libertad permanente. “Las mujeres restantes están cumpliendo condenas de 30 a 40 años de prisión por crímenes que nunca cometieron”, concluyen las organizaciones de apoyo. Salvo María Teresa Rivera, cuyo caso reviste algunas particularidades. Sentenciada en 2012 a 40 años de prisión por homicidio agravado, la pena fue revisada en una sentencia posterior (mayo de 2016) que la absolvía. Pero ya había pasado cuatro años en prisión. Además, la Fiscalía General de la República no aceptó el fallo y presentó un recurso pasado un mes. Ante la situación de asedio, María Teresa y su hijo se desplazaron a Suecia donde han logrado el asilo.

Pero la penalización del aborto no es el único ejemplo de violencia institucional. El Instituto de Medicina Legal registró 524 asesinatos de mujeres en El Salvador en 2016, de las que el 75% murieron a causa de disparos con arma de fuego; según el instituto público el 41,4% de las víctimas tenía entre 15 y 29 años, aunque también fueron asesinadas 21 niñas y adolescentes menores de 14 años y otra veintena de mujeres que tenían 65 años o más. El departamento en el que se produjo un número más elevado de homicidios contra la población femenina fue San Salvador (172). El balance de feminicidios en el último quinquenio asciende a 1.928, con un promedio de 385,6 anuales. Sólo en octubre de 2016 la Policía Nacional Civil constató 41 feminicidios, es decir, uno cada 16 horas.

“El Salvador es, en proporción a su territorio y población, uno de los países con más casos de violencia sexual y feminicidios del mundo”, afirma Vilma Vaquerano, activista de la Organización feminista de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (ORMUSA). El fenómeno se explica en parte por el contexto histórico de violencia del país, multiplicado por las pandillas y grupos armados; y en el que las mujeres –sobre todo niñas y adolescentes- tienen mucho miedo a denunciar los hechos. Con la “Ley Especial Integral para una vida libre de violencia para las mujeres” se produjeron algunos avances, destaca Vaquerano, “pero puede hacerse mucho más; hay una realidad histórica de impunidad de los delitos, que no puede cambiarse de la noche a la mañana”. ¿Qué razones explican esta generalización de la violencia? “Hay en el fondo un sistema machista y de cosificación de las mujeres”. La miembro de ORMUSA resalta los casos en que se usa a las mujeres como “elemento de terror”. Por ejemplo en una comunidad, cuando el jefe de una pandilla obliga a la mujer a que mantenga una relación, y ella se niega. “Matarla implica un ‘mensaje para el resto de la comunidad”.

Vilma Vaquerano también subraya las desigualdades “históricas” en el ámbito laboral. “El sistema patriarcal asume que la mujer es la reproductora y cuidadora de la familia; y esto es muy grave, porque en El Salvador no existen las políticas de bienestar social”. Es una realidad que planea sobre los hogares y las empresas. La Concertación por un Empleo Digno para las Mujeres recibió en 2016 un total de 111 denuncias en los centros de trabajo, que en la mayoría de los casos afectan a más de una persona, y que figuran en el Balance de Empresas e Instituciones vulneradoras de Derechos Laborales. En el desglose por sectores económicos, destacan las denuncias en las maquilas textiles (24,32%), otras empresas privadas (44%), trabajo del hogar (4,52%) e instituciones gubernamentales y municipales (27%). Los servicios de asesoría y atención legal recibieron denuncias sobre incumplimientos en las cuotas de la seguridad social, despidos injustificados, impago de horas extras e indemnizaciones y restricciones a la libertad sindical, entre otras.

El informe “Mujer y Mercado Laboral” de 2016, elaborado por ORMUSA con datos de 2015, señala que más de la mitad de las mujeres en edad de trabajar en El Salvador (53,3%) no contaban con empleo remunerado, mientras que en el caso de los hombres la vinculación con el mercado laboral se situaba en el 80,2%. Además, según cifras del Ministerio de Economía, el salario medio de las mujeres representaba el 84,5% del percibido por los hombres. Los desequilibrios de género se aprecian también en las tasas de “subempleo”, que en 2015 fueron del 33% en el caso de las mujeres y del 30,6% en el de los hombres. Todavía era mayor la “brecha” en los índices de trabajo “informal” en el país: 47,5% en la población femenina y 38% en la masculina. Además contar con un empleo no supone, siempre, mejores perspectivas. De hecho, la tasa de pobreza entre las mujeres ocupadas se sitúa en el 27,4%. Y la de sindicalización, en sólo el 5% (el 14% entre la población masculina ocupada).

La segunda parte del informe “Mujer y Mercado Laboral” apunta la realidad en los sectores del textil y la confección, cuyas exportaciones se dirigen principalmente a Estados Unidos. Las mujeres percibían en 2015, en la actividad de la confección de prendas, salarios parecidos a los que se cobraban en el sector “informal” de la economía. “Apenas se cubre la canasta básica alimentaria”, según el documento publicado por ORMUSA. A ello se agrega la exposición a punzamientos, golpes, altas temperaturas, ruidos, quemaduras, productos químicos, fatiga visual y forzamiento de las posturas durante la actividad laboral. La tasa de pobreza entre las mujeres ocupadas en la confección de prendas se situaba, en 2015, en el 25,6%. “A pesar de los esfuerzos por humanizar las maquilas de parte de trabajadoras y organizaciones sociales, se mantienen los mismos inconvenientes que cuando llegaron a El Salvador en los años 70 del siglo XX”, remata Vilma Vaquerano.

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