El Mozote sienta en el banquillo al general del Ejército más oscuro

Publicado el 30 de Marzo de 2017

Fred Ramos

El general José Guillermo García, ministro de Defensa de El Salvador entre 1979-1983, se sentó este 29 de marzo en el banquillo de los acusados, para escuchar las acusaciones en su contra por la masacre de El Mozote y caseríos aledaños, un operativo militar realizado por el Ejército en diciembre de 1981, y que devino en el asesinato de alrededor de mil campesinos civiles, ajenos al conflicto armado.

García y otra docena de militares enfrentan cargos en un juicio que se reabrió en el Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Francisco Gotera, 23 años después de que fuera cerrado por un juez que se amparó en la Ley de Amnistía para dejar de perseguir a los responsables materiales e intelectuales del crimen, considerado como una de las peores masacres contra civiles en los tiempos modernos de Latinoamérica. Tras la abolición de la Ley de Amnistía efectuada por la Sala de lo Constitucional en julio de 2016, el Juzgado reabrió la causa y homologó un proceso que en 2013 había abierto el Juzgado de Paz de Villa de Meanguera, con la recolección de osamentas de víctimas en el cantón La Joya, siempre en Morazán.

“Sin comentarios”, fueron las palabras del ministro García, cuando periodistas le preguntaron por las acusaciones en su contra. En 1981, la Fuerza Armada y el Estado salvadoreño negaron la masacre, apoyados por Estados Unidos en el encubrimiento de la misma.

La causa de El Mozote arrancó en 1991, cuando un grupo de campesinos demandó justicia en San Francisco Gotera, apoyados por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado. Lideró la causa Pedro Chicas, un campesino del cantón La Joya, y una de las testigos principales fue Rufina Amaya, la única sobreviviente de la matanza en el caserío El Mozote. Ambos fallecieron, por causas naturales, sin ver justicia. Rufina Amaya en 2007 y Pedro Chicas en 2013.

El general García, que vivía refugiado en Estados Unidos, fue deportado en enero de 2016, luego de un proceso de expulsión amparado en las leyes estadounidenses que promueven la expulsión de militares vinculados a graves violaciones a los derechos humanos. García comandó al Ejército en los primeros años de la guerra, considerados por la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas como los años en los que se cometieron las mayores violaciones a los derechos humanos durante los 12 años que duró el conflicto armado salvadoreño.

*Con reportes de Nelson Rauda.

http://www.elfaro.net

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