Acontecimientos 2016: Expresidente envueltos en corrupción

Juan José Dalton | Miércoles, 28 de Diciembre del 2016

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Foto: Cortesía

Nunca antes se había capturado a expresidentes salvadoreños por hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito en el ejercicio de sus responsabilidades

A nivel político entre los hechos más destacados en 2016  ocurridos en El Salvador se ubican tres  que no tienen precedentes históricos: las investigaciones y procesamientos judiciales en contra de los últimos tres expresidentes de la República por hechos graves de corrupción en el momento en que ejercieron los cargos.

Los tres exmandatarios procesados son el ya fallecido Francisco Flores (1999-2004), Elías Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014); este último se considera el primer representante de la izquierda política y exguerrillera que llegó al poder en la historia de este convulsionado país centroamericano.

El “Caso Flores” fue un gran escándalo político, puesto que lo inició Mauricio Funes a finales de su período presidencial y durante la campaña política que llevó al poder, el 1 de junio de 2014 al actual mandatario Salvador Sánchez Cerén.

Funes hizo público a finales de 2013 el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS, por sus siglas en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en el que se advertía la posibilidad  de un delito de Flores al transferir 15 millones de dólares en varias bancos internacionales, entre ellos el estadounidense International Bank of Miami.

De acuerdo a la Fiscalía General (FGR) y de una Comisión Especial Legislativa, ese monto de 15 millones de dólares –y posiblemente más- Flores lo habría recibido del gobierno de Taiwán como una donación para damnificados de los terremotos que devastaron a El Salvador en enero y febrero de 2001; sin embargo, hay evidencias que fueron a parar a cuentas privadas.

El 31 de enero de 2016 Flores falleció en una clínica privada luego de estar varios días en coma producto de un derrame cerebral, que le sorprendió en su casa de residencia, donde guardaba “prisión domiciliar”.

El “Caso Saca”, no deja de ser escandaloso. Saca fue detenido en medio de la boda de su hijo mayor, el 30 de noviembre de 2016. Previamente era procesado en un tribunal civil por enriquecimiento ilícito al no poder justificar ocho millones al salir de la presidencia. La captura respondía a un proceso investigativo del tipo penal, dado que la Fiscalía lo acusa de Peculado y Lavado de Dinero, por un monto de más de 240 millones de dólares.

Saca está actualmente preso, junto a seis de sus estrechos colaboradores, entre ellos, su vocero presidencial, Julio Rank; su secretario privado, Élmer Charlaix y su secretario de juventud  y gestor de Aguas y Acueductos, Cesar Funes, así como tres contadores de Casa Presidencial.

El “Caso Funes” está en proceso de investigaciones y por el momento permanece bajo la jurisdicción de la Cámara Segunda de lo Civil desde que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) lo enviara a un proceso civil por presunto enriquecimiento ilícito al no poder justificar más de 700.000 dólares.

A Funes, pese a ser un presidente de izquierda que decía luchar contra las malversaciones de los fondos públicos, se le cuestionan viajes en exceso, joyas, vehículos y vestimentas de lujo; así como armas de guerra, entre otras irregularidades.

Funes también sorprendió a los salvadoreños cuando en agosto de 2016 huyó hacia Nicaragua, dónde el Gobierno de Daniel Ortega le otorgó asilo político, pese a que los gobiernos de El Salvador y Nicaragua son aliados y de igual signo ideológico.

El Gobierno y los líderes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), han  defendido a Funes;, lo cual ha sido criticado  por la Sección de Transparencia Internacional, Capítulo de El Salvador.

En enero de 2017 Funes tendrá que presentarse ante el juzgado civil para tratar de hacer desvanecer las acusaciones. Falta que la Fiscalía presente una resolución final de sus investigaciones para llevar a Funes ante Tribunales Penales, si es que ha encontrado delitos.

En 2017 se presume que también la Fiscalía actúe en contra de los patrimonios de los ex presidentes Alfredo Cristiani (1989-1994) y Armando Calderón Sol (1994-1999); la justicia podría aplicar la Ley de Extinción de Dominios, y recuperar bienes mal habidos si se comprueban, debido a que dicha legislación es retroactiva.

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