Secretario privado de Saca a juicio por $15.8 millones de la “partida secreta” de la Presidencia

La Corte Suprema instruyó que se enjuicie por enriquecimiento ilícito a Élmer Charlaix, quien entre otras cantidades no pudo justificar el uso de 15.8 millones de dólares sustraídos de una cuenta oficial de la Presidencia de la República, por medio de cheques emitidos en favor del presidente Antonio Saca. Según Charlaix, esos fondos constituían la partida para gastos secretos del presidente. El ex secretario privado enfrentará juicio por un total de 18.8 millones.

En esta fotografía del 9 de mayo de 2006, el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón (derecha), camina junto al presidente salvadoreño Antonio Saca, mientras les escolta el secretario privado de Saca, Élmer Charlaix. Este jueves 13 de octubre, la Corte Suprema ordenó juicio por enriquecimiento ilícito contra Charlaix, quien sostiene que los gastos que le están cuestionando los hizo como responsable de la administración de fondos secretos para tareas de inteligencia. Saca ya está siendo procesado por presunto enriquecimiento ilícito de 5 millones de dólares. Foto Marlon Gómez (AFP).

En esta fotografía del 9 de mayo de 2006, el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón (derecha), camina junto al presidente salvadoreño Antonio Saca, mientras les escolta el secretario privado de Saca, Élmer Charlaix. Este jueves 13 de octubre, la Corte Suprema ordenó juicio por enriquecimiento ilícito contra Charlaix, quien sostiene que los gastos que le están cuestionando los hizo como responsable de la administración de fondos secretos para tareas de inteligencia. Saca ya está siendo procesado por presunto enriquecimiento ilícito de 5 millones de dólares. Foto Marlon Gómez (AFP).

Una investigación de la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia determinó que durante el gobierno de Antonio Saca (2004-2009) 15.8 millones de dólares retirados de una cuenta de la Presidencia de la República con cheques emitidos en favor del entonces presidente, terminaron en dos cuentas de quien fuera su secretario privado, Élmer Charlaix. Este no pudo justificar la disposición de esos fondos ni el uso de otros 3 millones de dólares, por lo cual deberá enfrentar juicio bajo la presunción de enriquecimiento ilícito.

La Corte Suprema, con el voto de los 15 magistrados, no se dio por satisfecha con las explicaciones de Charlaix y este jueves 13 de octubre envió el caso a una Cámara para que esta trabaje sobre los indicios de corrupción por un total de 18.8 millones de dólares.

El caso de Charlaix es muy de lejos, el de mayor caudal cuestionado de todos los que ha procesado la Corte Suprema de Justicia en los últimos 12 meses. En octubre de 2015 los magistrados hicieron historia al ordenar por primera vez en más de medio siglo de existencia de la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito, que un funcionario o exfuncionario fuera procesado por ese presunto delito. Fue el diputado pecenista Reynaldo Cardoza quien inauguró este tipo de procesos, con un patrimonio objetado por 1.3 millones de dólares. Sin embargo, el caso más voluminoso fue el del expresidente Antonio Saca, quien está siendo procesado civilmente por presunto enriquecimieinto ilícito de 5 millones de dólares. Como medida cautelar, la Corte instruyó la inmovilizaron de una mansión de Saca construida en el volcán de San Salvador, y el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Otra particularidad es que la investigación permite que por primera vez trasciendan al público detalles de cómo funciona y con cuánta opacidad se usa la partida presupuestaria conocida como “partida secreta”, asignada a la presidencia de la República para hacer gastos sin mayor control estatal. Al examinar el patrimonio de Charlaix, Probidad encontró 19 “irregularidades”, y sobre los cheques por 15.8 millones en favor de Saca depositados en las cuentas personales de Charlaix, este informó a la Corte mediante un documento escrito, que ese dinero correspondía a recursos de uso discresional que fueron usados para labores de “inteligencia del Estado”. Esa partida presupuestaria se ha mantenido en secreto y hasta ahora ningún funcionario había admitido abiertamente que existiera. A lo sumo, lo que habían admitido administraciones anteriores era que el dinero no ejecutado por algunas dependencias se transfiriera a la Presidencia de la República para que esta los usara desde la cuenta de gastos imprevistos.

Para los magistrados, la explicación de Charlaix no fue suficiente y decidieron mantener las objeciones que había establecido la sección de Probidad. Esta, en su informe fechado 26 de julio de 2016, cuestionaba 19.1 millones de dólares, pero en la fase de depuración del caso, Charlaix pudo desvanecer las sospechas sobre alrededor de 300 mil dólares y por eso los magistrados enviaron a la Cámara un caso por 18.8 millones de dólares.

Hay una revelación adicional sobre la partida secreta: la cuenta de la Presidencia de la República de la que se tomaron esos 15.8 millones de dólares para emitir cheques en favor de Saca, estaba abierta en una institución privada, el Banco Cuscatlán.

Charlaix fue uno de los hombres más influyentes del último gobierno del partido Arena: como secretario privado tenía a su cargo la agenda del presidente Saca, y también tenía responsabilidad en el manejo de recursos de la Presidencia.

De los 19 puntos señalados por Probidad, tres están relacionados con la “partida secreta” y son los que suman 15.8 millones de dólares. Una de las irregularidades que sumariza el expediente de la Corte Suprema de Justicia, relativa a la partida secreta, está redactada en estos términos: “Depósitos por el señor Charlaix en la cuenta corriente personal del señor Charlaix No.008-301-00-000472-7 del Banco Cuscatlán, realizados por medio de cheques a nombre del señor Elías Antonio Saca González que asciende a un total de $15,056,249.00, los cuales proceden de la cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público Presidencia de la República No.018-301-000023877 del Banco Cuscatlán, desconociendo el motivo de estos”.

Hay otros dos señalamientos casi idénticos, en los que se identifican otras cuentas bancarias personales de Charlaix. Con estos, se completan los 15.8 millones de dólares observados que están relacionados a la partida secreta. Este monto lo señala Probidad porque se trata de fondos públicos que nutrieron cuentas personales de Charlaix desde la cual salían cheques a nombre de empresas de publicidad, funcionarios e incluso en favor del partido Arena.

Élmer Charlaix, según un segundo documento elaborado por Probidad y titulado “Adenda del informe”, dijo que se justificaba que esos millones llegaran a sus cuentas personales y que todo el uso y el origen de ellos fue lícito, porque por su cargo él estaba facultado para manejar gastos reservados de la Presidencia de la República. “Las transacciones, traslados o movimientos que fueron realizados por mi persona en el uso de los fondos públicos (…) obedecen a las actividades de inteligencia del Estado, conocidos como los gastos reservados y secretos”, dijo el exfuncionario a la Corte Suprema. “Esos gastos sirvieron para cumplir con el mandato constitucional de preservar el ordenamiento constitucional, el régimen democrático”, añadió.

La sección de Probidad rechazó esta explicación y los magistrados ratificaron el rechazo. Según Probidad, ninguna labor de inteligencia del Estado supone desembolsos a personas y entidades como las que se detallan en el informe. “El uso de los fondos descritos en el cuadro anterior, pareciera que no son propios de actividades de inteligencia legítimas y que la revelación del uso y detalle de las mismas pondrían en peligro la seguridad nacional”, reza la página 17 de la adenda.

Hasta ahora los funcionarios o expresidentes siempre habían negado en público la existencia de una partida secreta, y fue hasta 2010 cuando la Sala de lo Constitucional declaró ilegal el uso de este tipo de partidas, que para entonces se construían de remanentes de fondos no ejecutados por las instituciones del Ejecutivo.

Un reglamento no encontrado

Charlaix apeló en su defensa a la existencia de un reglamento que le permitía administrar los recursos de la presidencia en la forma en que lo hizo. Dijo, en primer lugar, que existe un “Acuerdo de Designación” con la etiqueta de “clasificado” que lo autorizó como “el Colaborador que deberá aperturar (sic) las cuentas personales que estime necesarias, con el objeto que en estas se acrediten los fondos reservados y secretos de naturaleza pública provenientes del presupuesto general de la nación, Partida Presupuestaría de la Presidencia de la República, cuenta número 543 Gastos Reservados”.

Añadió que esta partida estaba mencionada en un documento que rige la administración de los gastos secretos: “Reglamento interno de funcionamiento para el manejo, control y fiscalización de fondos públicos, gastos reservados y secretos de la presidencia de la república destinados a las actividades de Inteligencia, manejo y protección de la información y deber de guardar secreto de los colaboradores designados para el manejo de los gastos reservados y secretos”.

La sección de Probidad consultó a la Presidencia de la República sobre dicho documento, pero la respuesta que obtuvo no sustentó las afirmaciones de Charlaix. En la sesión de la Corte Suprema de este jueves, al debatir sobre el caso del ex secretario privado, el jefe de la sección de Probidad informó que había sido notificado por la Secretaria de Asuntos Jurídicos de la Presidencia de la República del gobierno de Salvador Sánchez Cerén, que en la Presidencia no hay registros de la existencia del acuerdo de nombramiento que cita el Charlaix ni del reglamento al que alude.

Según Charlaix, la cuenta en el Banco Cuscatlán de la que se tomaba fondos públicos para los gastos reservados era conocida como “Tesorería Institucional Subsidiaria de la Presidencia de la República”, aunque su nombre oficial era “Cuenta Institucional Subsidiaria del Tesoro Público Presidencia de la República”.

El de Charlaix ha sido el quinto caso de presunto enriquecimiento ilícito que Probidad remitió a la Corte Suprema en los últimos 12 meses. Los magistrados han enviado a juicio cuatro de ellos, incluido el de otro expresidente, Mauricio Funes (2009-2014). El del expresidente Francisco Flores siguió otro camino debido a que el antecesor de Saca murió en enero pasado, en pleno juicio por corrupción en relación con el desvío de millonarios donativos de Taiwán.

Una característica que diferencia el caso de Charlaix de los cuatro previos es que en esta ocasión, la Fiscalía General de la República participó junto a Probidad desde el inicio de la investigación con dos expertos en delitos financieros.

Ahora la justicia deberá determinar si Charlaix es responsable de enriquecimiento ilícito o si el exfuncionario puede justificar los 18.8 millones de dólares cuestionados.

Respecto de los 15.8 millones que llegaron a las cuentas de Charlaix en forma de cheques a nombre del presidente Saca, Probidad averiguó que salieron otros cheques a favor de personas naturales y jurídicas, aparte del mismo Charlaix, quien retiró casi 5.8 millones de dólares entre junio y diciembre de 2004, y tampoco pudo satisfacer con sus explicaciones a la Corte Suprema.

Una de las personas que recibieron cheques de las cuentas de Charlaix fue Saca, con un total de 117 mil 800 dólares a su nombre, y 15 mil dólares adicionales en favor de una de sus empresas radiofónicas, identificada en el informe de Probidad como “Elías Antonio Saca Promotora de Comunicaciones”. Promotora de Comunicaciones es una sociedad de Saca que compró una mansión en el volcán de San Salvador en mayo de 2009 y a la cual Saca y su familia se mudaron al terminar el mandato presidencial. 

El partido que llevó a Saca al poder, Arena, también recibió de las cuentas de Charlaix ocho cheques por un monto de 400 mil dólares. Charlaix dijo a Probidad que esa cuenta (la número  014-301-00-000769-5 del Banco Cuscatlán) fue inaugurada para ser la cuenta operativa de campaña del partido. Pero en una consulta de Probidad, Arena respondió que desconocían “totalmente de la apertura de de dicha cuenta”.

También se emitieron cheques a nombre de las agencias de publicidad Receptor (en total suman 1 millón de dólares), Molina Bianchi (en total suman 809 mil dólares), América Publicidad (por 515 mil dólares) y la firma Funes y Asociados (en total 395 mil dólares), que es propiedad de uno de los hombres de mayor confianza del expresidente Saca, César Funes. Este exfuncionario tuvo los cargos de presidente de la ANDA y de secretario de Juventud. César Funes, además, fue el tercero al mando en el partido, pues llegó a ser vicepresidente de Organización de la institución cuando Saca era el presidente arenero. Saca fue simultáneamente durante su administración, presidente de la República y presidente de Arena, muchos de los principales miembros de su gabinete de gobierno eran a la vez los máximos dirigentes de Arena.

También aparecen como receptores de cheques funcionarios como Julio Rank, quien se desempeñó como secretario de comunicaciones del gobierno de Saca y quien mantuvo en secreto el costo de las campañas de publicidad de la administración.

Los 15.8 millones de dólares se completan con otra serie de cheques en favor de otras personas naturales y jurídicas. En cuanto a los restantes 3 millones de dólares objetados, Probidad incluye algunas adquisiciones de automotores. Encontró, por ejemplo, que entre los años 2006 y 2008 Charlaix compró dos todoterreno Jeep Grand Cherokee Limited 4DR modelo 2005 y una Toyota Lexus GX 470 modelo 2007. Según Probidad, el exfuncionario no pudo explicar el origen de los fondos para hacer esas compras.

Los tres vehículos fueron comprados a Herbert Saca, un importante personaje del entorno del expresidente Saca, pero que siempre estuvo a la sombra. Fue un operador político del exmandatario durante su quinquenio, y las mismas investigaciones de Probidad permiten caracterizarlo como el vendedor de autos de lujo a varios funcionarios del más alto nivel como el expresidente Mauricio Funes y el exdirector del Seguro Social Leonel Flores.

Estos dos automóviles terminaron en las manos de Transporte Peña, cuyo propietario es Manuel Enrique Peña Durán. Este último nombre, observa la oficina de Probidad, “aparece en otros informes de funcionarios investigados.” El señalamiento dice de la siguiente manera: “Además, al verificar las transacciones de los vehículos, a esta Oficina le llama la atención que el declarante los compra por un valor superior a los informados en sus declaraciones juradas de patrimonio, y que posteriormente al ser vendidos a la empresa Transportes Peña, S. A. de C. V. (esta empresa aparece en otros informes de funcionarios investigados), los precios de éstos superan aún los mismos valores de compra(…)”.

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