El secretario del presidente que negoció con capturas arbitrarias de sindicalistas

Publicado el 21 de Junio de 2016

El 30 de noviembre de 2011, dos sindicalistas del Ministerio de Hacienda fueron detenidas arbitrariamente por agentes de la PNC en la frontera El Amatillo, en La Unión. El audio de una conversación telefónica entre sindicalistas y el secretario de asuntos estratégicos de la Presidencia (hoy secretario de Gobernabilidad), Franzi Hato Hasbún, muestra al funcionario atribuyéndose la liberación de las capturadas y presentando su gestión como carta para negociar el fin de un paro de labores.

Efren Lemus

El secretario de Gobernabilidad de la presidencia de Salvador Sánchez Cerén, Franzi Hato Hasbún, negoció el fin de una suspensión de labores en las principales fronteras del país con la captura arbitraria de dos sindicalistas del Ministerio de Hacienda, según una conversación telefónica, grabada por miembros del sindicato, la mañana del 30 de noviembre de 2011. En aquellos días, Hasbún era secretario de asuntos estratégicos de la presidencia de Mauricio Funes.

Las sindicalistas Odila Dolores Marroquín Cornejo y Krissia Meny Guadalupe Flores coordinaban una “suspensión voluntaria” de labores en la frontera El Amatillo, La Unión, en protesta por los atrasos en la firma de un contrato colectivo con el Ministerio de Hacienda, cuando fueron capturadas por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

A las sindicalistas se les decomisaron sus teléfonos, se las trasladó a la delegación de Santa Rosa de Lima y fueron esposadas a los barrotes que dan acceso a la segunda planta del local. Seis horas después, cuando iban a ser trasladadas hacia la delegación de La Unión, los agentes recibieron una “contraorden” y las liberaron sin que se cumpliera el trámite establecido por la ley.

Cuando la Policía realiza una captura tiene tres deberes que cumplir: leer los derechos al detenido, decirle el motivo de la captura y facilitarle el nombramiento de un defensor público o privado. Al mismo tiempo, los policías tienen un plazo máximo de 72 horas para remitir el caso a la Fiscalía General de la República (FGR) para que presente la acusación ante un juez. Luego, el juez valorará la prueba para confirmar la detención o concederle la libertad.

En el caso de las sindicalistas ese procedimiento no se cumplió. Una resolución de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), que data del 23 de mayo de 2016, determinó que las sindicalistas fueron víctimas de “detención arbitraria” y responsabiliza a los subinspectores Guillermo Antonio Mejía Flores y Úrsulo Iván Guevara Santos, jefes del puesto policial El Amatillo y Santa Rosa de Lima, respectivamente (ver el documento).

El sindicato del Ministerio de Hacienda, sin embargo, considera que los jefes policiales son el último eslabón de la cadena que ordenó esas capturas arbitrarias. “Tenemos sospecha grande de que fue desde Casa Presidencial. Nos tocaba negociar el contrato colectivo con el ministro de Hacienda y le habían quitado poder decisorio. Estando en Casa Presidencial capturan a las compañeras como una forma de coacción y para que perdiéramos fuerza”, dice Roberto Gómez, del sindicato.

Los sindicalistas tienen la grabación de una llamada con el secretario de asuntos estratégicos, Franzi Hato Hasbún, en la que el funcionario se atribuye la liberación de las sindicalistas como una “muestra clara” de su parte para resolver el problema del cierre de las fronteras.

“Yo le garantizo esas dos cosas, pero levanten… primero habían capturado a la compañera y a otra persona, me llamaron y yo les dije que la liberaran inmediatamente, esa fue una muestra clara de mi parte y que estamos en la disposición de arreglar el problema, también ahora le digo: levante… deme esa muestra y estoy totalmente en la disposición de sentarme y firmar ese documento. Aquí tengo yo al ministro, ya viene, y al viceministro de Hacienda, aquí están conmigo. Nos sentamos al mediodía, pero levante el paro”, se escucha decir al funcionario en el audio al que ha tenido acceso El Faro.

En otra parte del audio, Hasbún promete a los sindicalistas que si retoman sus jornadas laborales no habrá represalias: “Por eso le digo: levante ahorita todo, nos sentamos al mediodía sin ningún problema, lo del tema del laudo se lo garantizamos y lo del tema de la represalia, ninguna represalia”.

El 8 de junio pasado, El Faro solicitó una entrevista con Hasbún para preguntarle bajo qué disposición legal él puede ordenar “la liberación inmediata” de una persona detenida. Consultados por este periódico, dos abogados y una jueza dijeron que no conocían ninguna ley que facultara a funcionarios del gabinete de gobierno ordenar la libertad de algún detenido. Una vez que alguien ha sido capturado, la Policía debe remitir el caso a la Fiscalía. La oficina de esta institución en La Unión confirmó que nunca recibió el caso de las sindicalistas.

Al secretario Hasbún, además, se le iba consultar a qué se refiere cuando dice que no habrá “ninguna represalia” contra los sindicalistas. Una asistente del funcionario respondió que “lamentablemente” Hasbún no tenía espacio en su agenda para conceder declaraciones. Esa imposibilidad de hacer tiempo para contestar un par de preguntas, dijo, era válida “en las próximas semanas”.

PDDH: detenciones son “arbitrarias”

—¿Por qué me capturan? —preguntó Odila.

—No le puedo decir nada, no estoy autorizado —respondió el subinspector Mejía Flores.

Eran aproximadamente las 8 de la mañana del 30 de noviembre de 2011 cuando a la sindicalista Odila Dolores le ordenaron subir a patrulla policial y entregar su teléfono. La llevaron a la delegación de Santa Rosa de Lima, donde la esposaron de una mano a los barrotes de las gradas que dan acceso a la segunda planta.

La PDDH asegura que la Policía manejó el caso con tal hermetismo que se negaron a informar hacia dónde se la llevaron. Al final de la mañana, cuando iban a ser trasladadas hacia la delegación de La Unión, el jefe de la delegación de Santa Rosa de Lima, Guevara Santos, anuló la orden del traslado y, según la PDDH, dijo a uno de los agentes: “Deténgase, hay una contraorden”. Y les quitaron las esposas. Y en una mesa de reuniones les informaron que no estaban detenidas.

En el caso de Krissia Meny, la Policía le dijo que tenía instrucciones de sacarla de la frontera El Amatillo porque “estaba impidiendo el trabajo”. Ella replicó que la suspensión de labores era voluntaria. Según su testimonio, el agente ONI 3739 le replicó:

—La instrucción es que la capturemos y la instrucción viene de más arriba.

—¿Por qué me capturan?

—En flagrancia de obstrucción de tráfico.

Entonces, intervino otro agente, el ONI 15777:

—Me va disculpar señorita, porque usted es bien bonita, pero tengo que esposarla.

En su resolución, la PDDH establece “afectaciones al derecho a la libertad personal por detención arbitraria y derechos específicos de las mujeres a una vida libre de violencia física, sicológica por maltrato físico, psicológico o moral ejercido por agentes del Estado, prevaliéndose de sus prerrogativas”.

Yo no ordené las capturas”

El subinspector Guillermo Antonio Mejía Flores, jefe del puesto policial en El Amatillo, La Unión, dijo sentirse sorprendido de la resolución de la PDDH que lo señala como uno de los responsables de la detención arbitraria de las sindicalistas.

“Yo no ordené las capturas. No estoy cubriendo a nadie, líbreme Dios, en cuanto a eso, no sé a qué lo atribuyen. Yo informé (del cierre de la frontera) a San Salvador y La Unión, nosotros siempre nos mantuvimos guardando la distancia. No comparto la resolución. La respeto, pero no la comparto. En la línea de mando lo que puedo ver es que estaba el subinspector Úrsulo que tiene más tiempo, el jefe de La Unión, y después las altas autoridades”.

El subinspector Úrsulo Iván Guevara Santos era el jefe de la delegación de Santa Rosa de Lima. Ahora trabaja en la División Antinarcóticos. El Faro llamó a su oficina, pero cuando se le comenzaba a explicar lo relacionado a esta nota, colgó el teléfono y ya no atendió las llamadas. En el expediente de la PDDH, el subinspector Guevara Santos “manifestó que era orden del jefe policial de La Unión, agregando que no estaban detenidas, que solamente se redactaría un acta para ser firmada y que ellas se pudieran retirar”. El jefe de La Unión era el comisionado José Elías Domínguez, quien no pudo ser contactado para esta nota.

La versión policial es que las sindicalistas fueron llevadas a la delegación de Santa Rosa de Lima para evitar que sufrieran agresiones de los conductores del transporte de carga, afectados por el cierre de las fronteras. La PDDH no cree en esa versión. “Dichos procedimientos (…) evidencian no una medida de protección sino una evidente captura de tipo arbitraria”.

Que investiguen a funcionarios”

Además del caso en la PDDH, una de las afectadas, Odila Dolores, presentó una denuncia en la Fiscalía por el delito de privación de libertad. “Lo que pido es que no se investigue solo a la Policía sino a los funcionarios que dieron la orden”, dice esta sindicalista que también ha presentado una demanda contra el Estado salvadoreño ante la Organización Internacional del Trabajo.

La denuncia en la Fiscalía, sin embargo, fue archivada el 20 de mayo de 2016. “Caso se encuentra archivado definitivamente por no individualización de los imputados. Se considera primero, que la víctima desiste de la denuncia, segundo, el solo hecho de señalar que no tiene el más mínimo interés de continuar con el presente proceso”, dice el documento firmado por el fiscal Carlos Alberto Martínez Flores. La denunciante dice que está sorprendida por esa resolución porque nunca ha desistido de la denuncia.

El sindicato del Ministerio de Hacienda también ha presentado una queja por violación a la libertad sindical ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

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