Estado de excepción permanente

22-02-2016
Debemos defender aquello que nos ha permitido avanzar como sociedades: primar los derechos y las libertades

Los hechos ocurridos con el que ya podemos definir como ‘caso titiriteros’, y la intensidad y gravedad de la intervención represiva con el encarcelamiento preventivo por un supuesto delito de enaltecimiento del terrorismo de los titiriteros, ha puesto bajo el gran foco mediático y del público en general el aparato represivo construido durante años de violencia armada y terrorismo. Un aparato utilizado como excusa para la elaboración de un conjunto represivo de gran amplitud en cuanto a los comportamientos abarcados y de gran intensidad en cuanto a la respuesta represiva.

Estamos en un contexto político y social en el que, por la situación respecto a la presencia y/o actividad terrorista en el Estado español, parecerían obsoletas o fuera de sentido numerosas medidas en las cuáles se prioriza la privación de libertad, la restricción de derechos y libertades –cuando no la eliminación de libertades consideradas fundamentales–, para la supuesta defensa de la seguridad, orden público y, en definitiva, del poder constituido y el status quo, que emergen como verdaderos sujetos de derecho frente a la ciudadanía. Emerge así un sistema decantado durante más de treinta años de condescendencia jurídica con situaciones ‘alegales’, con regulaciones limitativas de derechos y libertades, y construcciones jurídicas poco garantistas. Desde la retención a los meros efectos de identificación por la policía hasta las medidas antiterroristas, a saber privación de la elección de abogado de confianza, aumento de la duración de las privaciones de libertad, autorización de situaciones de incomunicación, imposición de penas retributivas frente a los criterios resocializadores, vulneración de los principios de resocialización mediante la dispersión, uso tipos penales abiertos como la colaboración terrorista ajena a la organización, o la consideración de acciones de violencia contra las cosas como terrorismo aún ajeno a la propia vinculación con esas organizaciones terroristas, etc. Pasando por la represión penal de los piquetes de huelga o la utilización masiva de imputaciones por desórdenes, atentado y/o resistencia a la autoridad.

Es más, la última legislatura del Partido Popular se ha caracterizado precisamente por la renovación y ampliación del sistema represivo, adaptándolo, en ocasiones con la excusa terrorista pero en otras sin ella, para la defensa del orden constituido. Preparando así el sistema jurídico para la respuesta a la posible y previsible protesta social a los recortes a aplicar en el presente ciclo económico contra las clases populares y trabajadoras.

Así podemos destacar un código penal que reprime todo tipo de disidencia política y que refuerza la autoridad y prioriza cualquier actividad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (CFSE) sobre el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades. Un código penal que refuerza la seguridad privada como elemento securitario y de orden público, y que contiene un desbordado capítulo dedicado a la persecución terrorista, abierto y perfectamente aplicable a disidencias políticas ajenas a cualquier tipo de actividad violenta, con una agravación general de las sanciones y con el establecimiento de la cadena perpetua. A lo anterior se añade la conocida como ‘burorrepresión’, practicada en su día por aciagas Delegaciones de Gobierno cuyos titulares no merecen nominal recuerdo, eliminando las garantías del procedimiento penal, correspondiendo el abono de tasas judiciales para su impugnación por entidades sociales –tasas que no se recuperan incluso aunque se obtenga la anulación de la sanción–, fijando una intervención muy limitada de los ciudadanos que se encuentran ante un proceso en el que la Administración que instruye es la que sanciona, y con la presunción de veracidad de los agentes de los CFSE. Además de la lentitud del orden contencioso que puede conllevar juicios varios años después de la imposición y cobro efectivo de las sanciones. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que castiga gravemente escraches, acciones simbólicas, acciones de mera protesta, y ataca gravemente el derecho de reunión y manifestación, ha preparado una caterva de medios para reprimir gravemente cualquier tipo de protesta social.

Es en estos momentos, en los cuáles nos debemos cuestionar la configuración de nuestros sistemas, defendiendo aquello que nos ha permitido avanzar como sociedades, primando los derechos y las libertades frente a medidas jurídicas y sociales cuya única finalidad es la defensa del orden social injusto contra la disidencia política y la protesta social.

La sociedad es más democrática cuanto más protege a su ciudadanía, cuando más ampara sus derechos y libertades, y cuando permite el amparo ante el desempleo, la emergencia social y el acceso a los derechos económicos y sociales de sus ciudadanos. Y no cuando se elimina su naturaleza y sus elementos configuradores bajo una supuesta defensa frente al terrorismo.

La defensa de los derechos y libertades, la protección de la protesta social y su defensa frente al autoritarismo es lo que configura la existencia de regímenes democráticos, y nuestro compromiso es una exigencia frente a la barbarie.

Raúl Maíllo, abogado y activista social

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/la-plaza/29385-estado-excepcion-permanente.html

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